Contra Reloj

“El tiempo de vivir es para todos breve e irreparable.”, Virgilio

Suena el tic-tac de la democracia mexicana. Analistas, actores políticos, grupos, partidos, títeres, titiriteros y sociedad se alistan para la vorágine electoral que viviremos oficialmente a partir de este mes hasta el próximo año y que tendrá su desenlace, al menos en las urnas, el domingo 1 de julio de 2018. La maquinaria del Estado prepara ya su entramado de leyes, acuerdos, criterios y transitorios de letras pequeñas para bloquear la participación de quien atente contra sus intereses y conducir la voluntad popular a su conveniencia.

Se disputarán 3 mil 326 cargos de elección popular del orden federal y local, entre los que destacan la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional y la renovación del Congreso de la Unión en su composición bicameral. Una elección sin precedentes que usará como marco normativo las consecuencias de las Reformas Político-Electorales del 9 de agosto de 2012 y 10 de febrero de 2014, hechas a la luz del maquiavelismo partidista, y que viene a poner a prueba la fortaleza de las instituciones de la República en un escenario de evidente crisis, desesperación y ausencia de legitimidad en el ejercicio del poder público.

Más de 90 mil asesinatos, al menos 30 mil personas desparecidas, mil 775 agresiones a periodistas, 98 por ciento de los crímenes sin resolver, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de forma generalizada, Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingan y Tanhuato; entre datos oficiales, de organizaciones civiles y verdades históricas, parece ser el legado de terror que nos deja la actual Administración Federal, que sobrepasa cualquier acción positiva que pudo llevarse a cabo, porque el sentimiento colectivo es de coraje, porque la muerte y la ausencia no la remedia ninguna política.

Existen distintas consultas en las que se advierte que los partidos políticos, son las instituciones que menos confianza le generan a la ciudadanía, pero no se necesita ser estadista para medir el hartazgo social, con salir a vivir el día a día es suficiente parámetro para percatarse que el sistema de partidos y de cúpulas dentro de éstos, ya colapsó. Cada decisión, designación o legislación, de la que hemos sido testigos en estos últimos años, se vislumbra como un intento desesperado por preservar la dinámica de privilegios, poder concentrado y centralizado, que tanto ha beneficiado a la clase política mexicana.

Ante esas circunstancias, nuestra participación activa e informada resulta más indispensable que nunca, hacer un ejercicio responsable del voto, no solo es una obligación ciudadana, es una obligación moral y ética con el futuro de México, porque en ello, se decidirá la conquista de nuestra libertad y desarrollo como nación o la condena eterna al binomio de impunidad y corrupción.

Votar, ser votado y participar directamente o a través de representantes en la conducción de los asuntos públicos, son derechos político-electorales, reconocidos además como Derechos Humanos en distintos tratados internacionales, los cuales deberán ejercerse a través del entramado Sistema Electoral y agotar los mecanismos de garantía para hacerlos efectivos. Es claro por simple deducción, que los partidos políticos, entendidos como bloque, no van a crear reglas desde sus espacios de decisión para jugar a favor de los ciudadanos, entonces, es momento de que los ciudadanos apostemos por los ciudadanos.

Existe una puerta, aunque pequeña, que puede abrir la ciudadanía para trasladar y hacer valer sus intereses en la vida pública del país y son las denominadas “candidaturas independientes” o “candidaturas ciudadanas”.

Como referencia histórica, en México esta forma de participación ya se consideraba dentro de la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911 (artículos 12, 22 y 68) y en la Ley para Elecciones de Poderes Federales del 2 de julio de 1918, la cual estuvo vigente hasta 1946, misma que en su artículo 107 concedía los mismos derechos a los candidatos no dependientes de partidos políticos, así como a sus militantes. Fue hasta la Ley Electoral Federal de 1946 que por primera vez, se impone la restricción a las candidaturas independientes al otorgarle el derecho de registro únicamente a los partidos (artículo 60).

En sentido contrario, el 6 de diciembre de 1977, bajo la presidencia de José López Portillo, se incorporó el término de “partidos políticos” al texto Constitucional en el artículo 41 (Título Segundo, Capítulo I, De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno), para dotarlos de su calidad de entidades de interés público y con ello, iniciar un proceso histórico y legislativo de fortalecimiento a la hegemonía partidista.

Las candidaturas independientes surgen como una posibilidad constitucional, aunque limitada, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política” del 9 de agosto de 2012; estableciendo en el artículo 35 fracción II como derecho del ciudadano: “…poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación…”.

Reforma que ya tuvo como consecuencia que actualmente seis personas que sin pertenecer a un partido político estén ejerciendo un cargo de elección popular, sin embargo, este mecanismo de participación ciudadana puede representar como se dice coloquialmente, un arma de doble filo, en primer lugar por la dificultad legislativa, administrativa y los requisitos que se imponen para que estas candidaturas se materialicen en la realidad y en segundo, porque derivado del desprestigio exacerbado de los partidos políticos, estos mismos pueden generar en la forma candidaturas independientes, pero que en el fondo representen los acuerdos de un grupo y estén subordinados a su estructura. Será nuestra responsabilidad entonces, analizar que los perfiles sean idóneos y cumplan con las características de independencia y autonomía necesarias para hacer frente a la rapiña partidista.

Por citar un ejemplo, para poderse registrar como candidato independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es necesario recabar (previo a la elección) el apoyo ciudadano que contenga la firma a través de las cédulas que emita el Organismo Electoral, equivalente al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección (859,537 firmas aproximadamente), distribuido en al menos 17 entidades federativas con igual porcentaje, durante un período de 120 días (10 de octubre de 2017 al 6 de febrero de 2018); lo que sumado a los demás requisitos extra legales y administrativos, hace virtualmente imposible que se generen las condiciones para que en los próximos comicios tengamos un candidato o candidata presidenciable e independiente, pero el esfuerzo se debe hacer.

Tenemos una guerra de muchas batallas que librar, apoyar a un aspirante a candidato independiente a obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral u Organismos Locales, según corresponda, o convertirnos en un aspirante por cuenta propia es un primer paso. Una vez obtenida dicha calidad de candidato, elegir a quien consideremos que representa legítimamente nuestros intereses y expectativas, exigiendo que cuente con la trayectoria y experiencia suficiente para ejercer la función que se le va a encomendar y lograr que sobreviva a los embates partidistas.

Si los resultados son favorables, respaldar a la candidata o candidato independiente electo para que pueda gobernar con responsabilidad en instituciones creadas y modificadas para y por los partidos. Es decir, tenemos una tarea ciudadana que se debe luchar diariamente. No podemos seguir dejando las decisiones que afectan nuestra vida y sociedad en manos de “los demás”, pero también debemos tener cuidado de no sucumbir ante los falsos héroes, mesías o caudillos y quedar sujetos al capricho de su voluntad. Solo el camino a través de las instituciones, fiscalizadas y vigiladas por la ciudadanía, es lo que producirá el cambio positivo que desesperadamente necesitamos.

En el ámbito internacional, según datos de “The Electoral Knowledge Network”, de 208 países analizados, solo en el 9% se prohíbe cualquier participación independiente (ya sea ejecutiva o legislativa), mientras que en 199 se puede llegar a un cargo de elección popular de forma ciudadana, lo que puede sugerir que son una herramienta para generar un contrapeso al sistema de partidos inherente a la democracia.

Existen hombres y mujeres militantes de partidos que cumplen cabalmente con la confianza que les fue depositada, pero es la estructura la que ya no se sostiene. Por su parte, las candidaturas independientes no son la única vía o la más idónea por regla, esa calificación solo se la dará la historia, pero sí se presentan como una alternativa necesaria frente al saqueo de la dignidad nacional. Suena el tic-tac de la democracia mexicana. Los ciudadanos vamos contra reloj.