C.C.P. Octavio Romero Oropeza, director de Pemex

Vaya tema el de la falta de abasto de gasolina en algunas entidades del país y la Ciudad de México. Entre las larguísimas filas para cargar tanques causadas por la necesidad de este fundamental insumo, además de la psicosis que la situación ha generado, sigue la incertidumbre de cuándo se normalizará la situación.

Como es costumbre en estos tiempos, la polarización no deja lugar a puntos intermedios, los que dicen que esta situación es generada por la ineptitud del gobierno y quienes dicen que soportarla es un acto de patriotismo. Estoy convencido que esta complicada situación es al menos del tamaño de un problema que se dejo crecer por muchos años, el robo de combustible, donde nadie hizo nada o quizá fueron parte del negocio.

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, repetía constantemente que la solución a gran parte de los problemas del país se solucionarían combatiendo la corrupción, parece que no estaba equivocado.

Los montos de perdidas para los mexicanos, producto de sobornos que derivaban en menor calidad en materiales, servicios, obras, así como la participación de autoridades como cómplices y socios de actividades ilícitas y de gran impacto social, podría ser más escandalosa de lo que el mismo Presidente calculaba como candidato.

Tan sólo el negocio de robo de combustible podría estimarse en 60 mil millones de pesos anuales, un daño inmenso a la economía nacional y que repercute en los recursos públicos a disposición del gobierno para un sin fin de programas sociales.

El Presidente ha entrado en una confrontación abierta en un tema del que todos hablaban, que era conocido y del cual se comentaba en todos los medios, pero que funcionarios de varios niveles desatendieron, quizá por miedo, poca capacidad de fuerzas policiales para combatirlos o por ser parte de uno de los negocios ilícitos más lucrativos que hay en el país, si no es que el que más.

Las consecuencias de la decisión de atacar este delito y asegurar refinerías, previendo que parte del problema está también dentro de ellas, ha resultado en afectaciones en estados del bajío, centro del país y también en la capital de la república.

Las escenas no dejan mentir, los conductores esperan a veces horas para cargar gasolina, a veces incluso sin suerte después de una larga espera. Las redes están llenas de quejas, memes y acusaciones hacia el gobierno, mientras otros defienden la acción porque por fin se trata de una política de seguridad que se enfrenta al problema a pesar del costo político.

Hace pocos meses, un experto en seguridad me dijo que para aminorar los índices delictivos, debería de haber dos cosas, un acuerdo con la sociedad a través de sus grupos organizados y líderes de opinión, así como, a partir de este consenso, una disposición de la sociedad a soportar actos de molestia, refiriéndose en ese tiempo a retenes, revisiones de autos y personas, incluso anticipó el desabasto de gasolina si se llegaba a combatir el robo de este preciado producto.

Hoy parte de la población mexicana está molesta, por no tener acceso fácil y rápido a lo que antes era una actividad rutinaria que no afectaba su vida, cargar gasolina. Estoy convencido que la sociedad, sin duda afectada, tiene que poner de su parte, comprometerse y sacrificar algo, para respaldar una de las decisiones más complejas y valientes, que con respecto al combate a la delincuencia se hayan tomado en los últimos sexenios.