C.C.P Fernando Yunes Márquez

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

Todo un acontecimiento fue la aprobación por el legislativo de la reforma constitucional que creó la Fiscalía General de la República a finales de 2014, organismo que sustituirá a la Procuraduría General de la República, en vías de la tan ansiada autonomía y separación política del Ministerio Público con el Ejecutivo Federal.

La problemática que pretendió resolver esta reforma no es menor, se trata de un asunto que no sólo es federal, sino que existe en muchos Estados donde, en menor o mayor grado, los ministerios públicos, que cuentan con el monopolio del ejercicio de la acción penal, están al servicio de los gobernadores y no de la procuración de justicia.

El 2014 fue sin duda un año de acuerdos legislativos históricos, por las reformas aprobadas, algunas de ellas tabú. Sin embargo muchas de estas carecieron, a pesar de su trascendencia, de un verdadero análisis sobre sus procedimientos y consecuencias de fondo, pareciendo más un asunto de sacar por sacar la agenda que algo hecho con seriedad. Históricas, seguro, correctas parece que no necesariamente.

Ni siquiera hemos llegado al 2018, año en que, según la reforma, la Procuraduría se convertirá en Fiscalía, cuando ya se presentó la primer contrareforma por parte del Presidente Peña Nieto, que previamente no la había vetado. ¿Cómo es esto posible? Lo es a partir de los errores e irresponsabilidad con la que procedió el poder legislativo, incluidos los congresos locales, quienes son parte del constituyente permanente.

¿Por qué en su momento decidieron los legisladores jugar al juego de las sillas? donde quien estuviera sentado en las silla de Procurador en el 2018 sería en automático el fiscal por 9 años más. ¿Por qué no asumieron la responsabilidad de elegir llegado el momento (2018) a la persona idónea en el Senado para encabezar a la Fiscalía, que reuniera no solo los requisitos legales, sino el perfil para poder llevar las riendas de una de las labores más importantes del país, procurar justicia? ¿Sería quizá que se privilegiaron las negociaciones y no las instituciones?

¿En que momento sabrían los senadores si realmente estaban eligiendo al Procurador que se convertiría en Fiscal, o simplemente lo iban a dejar al azar a ver quién sería el titular llegando el 2018, en un puesto que es volátil? Igual pudo ser Areli Gómez, que puede ser hoy Raúl Cervantes, que pudieran haber sido un par más que el Presidente hubiera designado al cargo. La realidad es que nunca lo supieron y aún así los ratificaban sin mayor escrutinio.

Ahora se argumenta que el Procurador no debe ser una persona ligada a partido político, pero la histórica reforma que aprobó este mismo Senado nunca reparó en eso. Si no lo querían partidista por qué no lo pusieron como requisito, o por qué no establecieron un esquema intermedio como el del Secretario General de la Cámara de Diputados, que pudiendo ser militante de partido no puede haber sido durante los últimos cinco años dirigente partidista o candidato a un puesto de elección popular.

Con la eliminación del pase automático que propuso el Presidente, vía iniciativa ante el Senado, se evidenció entre otras cosas, falta de consenso social para legitimar reformas de tal calado y poca seriedad en el trabajo legislativo. ¿Cuánto más estará así?