C.C.P. Ernesto Cordero Arroyo

Todo surgió, se desarrolló y estalló en muy pocos días. Apenas la semana pasada el Doctor Raúl Cervantes presentó sorpresivamente su renuncia como Procurador General, terminando así con el conflicto entre el PRI-Gobierno y la oposición con respecto al posible pase automático del ex Senador tricolor para convertirse en el primer Fiscal General por nueve años. Lo que no estaba en el radar de riesgo es que otro de los pilares de la institución, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE), quedará acéfala. Hoy no contamos con ninguno de los tres fiscales que establece la gran reforma de 2014, por la que se daría autonomía a la procuración de justicia, incluidos sus organismos especializados anticorrupción y en materia de delitos electorales.

Algunos líderes de opinión señalaban con molestia que México era el único país involucrado en el caso Odebrecht donde ningún funcionario había caído por ese escándalo internacional de corrupción. Irónicamente ya cayó la primera víctima de las operaciones ilícitas de la empresa brasileña, que no fue precisamente un funcionario de Pemex sino Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE.

Hace un par de días el periódico Reforma publicó extractos de una carta que habría mandado Emilio Lozoya Austin a Santiago Nieto, donde el ex director de PEMEX estaría solicitando que el Fiscal lo exonerara públicamente. Dicha filtración causó controversia, primero con respecto a su existencia y luego en relación al manejo que se le hubiera dado a su contenido.

Santiago Nieto tenía a su cargo la investigación de supuestos recursos otorgados por Odebrecht y recibidos por Lozoya durante la campaña presidencial 2012, que podrían haber sido destinados al financiamiento de actividades del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Fue precisamente esta relación entre la fiscalía, la investigación y documentos que tenía esta en sus manos, así como la filtración de la carta, lo que sirvió como argumento al hoy Procurador en funciones Alberto Elías Beltrán para destituir al titular de la FEPADE, en uso de sus facultades constitucionales.

Esta determinación podría unir a la oposición en el Senado, donde tanto integrantes del PRD, MORENA y PAN señalaron que objetarían esta destitución, toda vez que el artículo transitorio de la reforma al artículo 102, que da una nueva naturaleza y estructura a la Procuraduría y en su momento a la Fiscalía General, prevé que para que pueda restituirse a un titular de la FEPADE removido, deberá de objetarse por la mayoría de los Senadores presentes en la Cámara de Senadores, por lo que podría ser que se revirtiera la decisión del Procurador siempre y cuando la oposición se una para sostener en el cargo a Santiago Nieto, cuyo nombre y prestigio académico en el medio del derecho electoral es incuestionable.

La remoción de Nieto Castillo se da en pleno proceso electoral por lo que levanta sospechas, justo en momentos donde los partidos están entrando en una etapa de enfrentamientos frontales que dificultan los acuerdos para proteger a la fiscalía y su independencia, por lo que podríamos ir a la elección sin un fiscal legitimado que se encargue de perseguir los delitos electorales, a la vez que no hay viabilidad política para nombrar al fiscal anticorrupción ni al Procurador que se convierta en Fiscal General. Está todo en manos del Senado, más dividido que nunca.