2015, un año más de impunidad

“Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer. En la región más transparente del aire.”,

Carlos Fuentes

El Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, definen a este concepto como: “…la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas…”

Asimismo, establecen que “…la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones…”. Palabras que se estrellan y disuelven en la realidad mexicana.

El 2014 fue un año que sacudió conciencias, después de las ejecuciones en el municipio de Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el posterior 26 de septiembre; el país salió a las calles a protestar en contra de un gobierno que no supo responder inmediatamente a la dimensión de la crisis y mucho menos, tuvo la capacidad o pericia de reconocerla. Se sumaron las causas del pasado a las voces de descredito y la exigencia generalizada de justicia.

Crisis que se agravó con los elevados indicios de corrupción en los más altos niveles del gabinete presidencial, la Casa Blanca y la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro, por citar algunos ejemplos. La táctica gubernamental y mediática de estigmatizar a las víctimas, acusarlas de su propio destino o relacionarlas con el crimen organizado, por primera vez no funcionó. Aumentó el escozor social y en un hecho inédito, vimos arder la puerta de Palacio Nacional como signo inequívoco de la desesperación colectiva ante la ausencia de respuesta.

#FueelEstado se convirtió en símbolo global para representar que los crímenes más graves en contra de la población civil en México no los estaba cometiendo el narcotráfico, sino el gobierno a través de sus distintas fuerzas. El rotativo The New Yorker, el 30 de octubre de ese año publicó un temerario titular en el que preguntaba si la desaparición de los normalistas sería capaz de encender las llamas de la revolución. Pero no fue suficiente.

Y así inicio el 2015, entre la tensión social y la incapacidad de utilizar el poder público para gobernar. Tan solo el 6 de enero, nuevamente se registraron ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, Michoacán, con un saldo de 8 civiles muertos, porque no hay quien pueda o quiera poner orden en las fuerzas federales…

En un acto de absoluto cinismo, el 27 de enero siguiente, Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, confirmó lo que denominó “la verdad histórica de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014“; asegurando que: “…sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan.”. Verdad que ha sido desacreditada tanto por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense y la misma Procuraduría no ha hecho nada por sostener su versión. Por simple lógica, no existían las condiciones físicas y químicas para que un incendio de tal magnitud pasara desapercibido con los efectos ya conocidos.

¿Por qué es importante retomar dichas declaraciones? Porque el Fiscal General de la Nación mintió a la sociedad mexicana, como mintieron también las autoridades que de alguna u otra forma respaldaron esa versión y hoy, no existe sanción, castigo, ni mucho menos disculpa. Un ejemplo más de impunidad y violación a los derechos de las víctimas a conocer la verdad.

Con el paso del tiempo, el movimiento originado por la desaparición de los estudiantes perdió su fuerza, las personas dejaron a un lado las calles y regresaron a la acostumbrada rutina de la desesperanza y la injusticia. El 22 de mayo del año en curso, aproximadamente 42 civiles fueron asesinados en Tanhuato, Michoacán, a manos de policías federales; a lo que Daniel Wilkinson, Director Gerente de la División de las Américas de Human Rights Watch calificó sin lugar a dudas como “ejecuciones extrajudiciales”; que es una conducta considerada de lesa humanidad por la cual el Estado Mexicano puede ser objeto de responsabilidad internacional.

El Índice Global de Impunidad 2015 señala que en México el problema de la impunidad es funcional, estructural y representa una amenaza para la democracia. Colocan a nuestro país junto a Filipinas, Turquía, Colombia y la Federación Rusa como las naciones con los más altos índices de impunidad.

Existen dos dimensiones prioritarias que deben subsanarse, la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura del sistema de justicia. Por ejemplo, México en promedio cuenta con 4 jueces por cada 100 mil habitantes y en Croacia, país con el nivel más bajo de impunidad, con 45 jueces respectivamente. Asimismo, hoy el 46 por ciento de la población detenida no tiene una sentencia. No es una cuestión exclusivamente de recursos sino de efectividad.

Sin embargo, hay una impunidad más dolorosa, aquella que padecen diariamente las personas que al acudir a un centro de salud y son objeto de una negligencia médica jamás ven resarcido su derecho, las mujeres víctimas de abuso sexual que deben enfrentar la discriminación y conducta omisa de las agentes del Ministerio Público, la de las madres que buscan a sus desaparecidos y encuentran únicamente puertas cerradas. Se repiten los ciclos, corrupción, impunidad e injusticia.

El año nuevo se nos presenta como una oportunidad de endurecer nuestras exigencias, fortalecer y fomentar la denuncia, dejar de callar ante los abusos sistemáticos y no olvidar. Únicamente las y los mexicanos, en ejercicio de nuestra libertad y conciencia seremos quienes decidamos hasta cuándo vamos a permitir que la impunidad sea una forma de vida.