Avance de menos 50 por ciento en implementación de la reforma penal en Querétaro

Han pasado ya casi cuatros de que se publicó en el Diario Oficial la reforma al sistema de Justicia Penal, que a decir de los especialistas y legisladores, fincó los cimientos para que México construya un nuevo sistema penal, sin embargo, la mayoría de los estados, incluido Querétaro, tienen pocos avances en sus planes de implementación, aun cuando las autoridades trabajan en ello, existe un retraso.

El decreto fue publicado el 18 de junio de 2008, y en esta reforma se crean los jueces de control y de sentencia, se establece un nuevo proceso acusatorio y oral, así como principios procesales modernos y democráticos, entre otras cosas.

Para apoyar en su implementación en todo el país, se creó un Consejo de Coordinación, integrado por el Secretario de Gobernación, representantes de procuradores, jueces y legisladores; que a su vez cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica (SETEC).

Algunas de los cambios y beneficios que presenta esta reforma son:

Utilizar mecanismos alternativos para resolver conflictos, como el que los delincuentes y las víctimas de algún delito menor puedan llegar a un acuerdo que resuelva el problema sin tener que ir ante un juez.

También plantea que en los casos en que la ley lo establezca, las víctimas, teniendo toda la información necesaria acerca del delito, podrán acudir ante el juez directamente, sin necesidad de que intervenga el ministerio público.

Al ser orales y públicos los juicios, el defensor y el ministerio público expondrán su caso en presencia del juez, así las personas podrán darse cuenta de la honestidad del juez, y los juicios serán más rápidos.

El juez podrá suspender el juicio en casos especiales, obligando al supuesto culpable a realizar trabajos comunitarios u otra actividad en lugar de la cárcel.

Si el supuesto culpable acepta el delito, se puede acortar el proceso, llegando a un acuerdo sobre la pena.

El juez tiene que explicar la sentencia en audiencia pública, estando presentes las partes.

Ahora la policía va a investigar el delito, bajo la guía del ministerio público, ya no será el ministerio público el que investigue.

Se crea el Juez de Control, cuya función será el resolver en forma urgente las solicitudes que le haga el ministerio público, para evitar que el acusado escape o se pierdan pruebas, asegurándose de que no se violen los derechos, ni de las víctimas ni de los acusados.

Se crea el juez de Ejecución de Sentencias, quien se encargará de examinar las sentencias impuestas, a fin de proteger los derechos humanos de los sentenciados, decidiendo si se le otorga o no la pre liberación.

Se crean leyes para perseguir y castigar de manera especial a la delincuencia organizada, además de quitarle el dinero y bienes comprados con recursos ilícitos.

La reforma debe ser implementada en el sistema de justicia penal federal y en los estatales. El plazo para su aplicación total es el año 2016.

Sin embargo, a cuatro años de que se aprobó la reforma, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), sólo 3 estados operan totalmente con el nuevo sistema penal. Se trata de Chihuahua, Morelos y el Estado de México, que tienen un avance de apenas 56.7 por ciento.

Por ello, esta organización de políticas públicas, que concentra a destacados especialistas, lanzó una iniciativa para impulsar la pronta implementación de la reforma penal, ante el retraso que presenta la mayoría de las entidades.

De cinco fases de aplicación de la reforma, 19 estados van en la primera o segunda fase.

“Tres entidades (Nayarit, Veracruz y Sinaloa) se encuentra en la etapa inicial, y 16 más en la segunda etapa (Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Colima, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Hidalgo, Campeche, Distrito Federal y Tabasco)”.

El CIDAC señala que en todos estos casos no existen siquiera proyectos de normatividad básica aprobados.

En Querétaro, de acuerdo con documentos oficiales de los cuales tiene una copia Códice Informativo, fue hasta el 24 de junio de 2010, es decir dos años después de que se aprobó la reforma, cuando se instaló la Comisión para la Implementación de la Reforma Penal y la Modernización de la Justicia.

Su secretario Técnico es el Magistrado Jorge Herrera Solorio, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Y a prácticamente dos años de que se instaló esta comisión, el estado de Querétaro, aún sigue en la etapa de planeación, con un avance al 2012, de 47.6 por ciento, según los estudios del CIDAC.

A través del portal http://estoeslajusticia.org/, el CIDAC detalla los avances de la implementación de la reforma en 7 indicadores.

En lo que se refiere a la planeación, Querétaro tiene un avance de 70.7 por ciento, en normatividad, el avance es de 50 por ciento, en capacitación es de 57.3 por ciento, en difusión y transparencia el avance es de 29 por ciento, en reorganización institucional es de 50 por ciento, mientras que en infraestructura y equipamiento; así como tecnologías de la información el avance es de 0 por ciento.

Así las cosas, en la implementación de la reforma de justicia penal en México y en específico en Querétaro. Los días corren, y ya sólo quedan 4, de los 8 años de margen que tenían las autoridades para su completa aplicación.