Caso Ricardo Anaya, ¿ejemplo de justicia de la 4T?

El caso Odebretch sigue develando a actores políticos tras la detención en 2020 de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016. Una lista de la élite política,  incluso, cercana al ex presidente Enrique Peña Nieto, fue señalada por Lozoya, además de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. 

Uno de los hombres que acusó el ex director de Pemex fue a Luis Videgaray Caso, señalado por delito electoral, cohecho, asociación delictuosa, y traición a la Patria, secretario de Relaciones Exteriores de México durante el gobierno de Peña Nieto, quien presuntamente destinó millones de pesos a la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2012.

No solo eso,  a Videgaray Caso se le atribuye la compra de votos de congresistas del Partido Acción Nacional, de la entonces 62 Legislatura para asegurar la aprobación de la  reforma energética. 

Supuestamente, estos fondos entregados que suman 500 millones de pesos, tanto para la campaña presidencial del 2012 como a los congresistas, provenían de la constructora Odebrecht, que a finales del 2016 se declaró culpable ante la Corte Federal de Nueva York por haber pagados sobornos a funcionarios de, al menos, 12 países, entre ellos México.

Esta semana, el reflector lo tiene el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, pues anunció que recibió un citatorio para presentarse este jueves ante un juzgado en el Reclusorio Norte, acusado de corrupción por el caso Odebrecht, pero señaló que ante el riesgo de ser encarcelado, prefiere el exilio.

Desde hace un año, sería la Fiscalía General de la República (FGR) quien estaría investigando al panista por segunda ocasión, esta vez por haber recibido dinero para votar a favor de la reforma energética, según Lozoya. La primera vez que Anaya fue investigado fue en 2018, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy fiscalía), a cargo en ese entonces de Alberto Elías Beltrán, lo acusó de presunto lavado de dinero, delito del que fue exonerado el mismo año.

“En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, dijo el Emilio Lozoya Austin en su declaración el año pasado, ya como testigo colaborador del Gobierno Federal.

Esta nueva pesquisa no solo deja entrever la trama de corrupción de Odebrecht en el país y la clase política implicada, sino las actuaciones de la justicia mexicana ahora en el gobierno de la 4T, pues hasta el momento, se han visto muy pocos avances en el caso. De trascender el caso de Anaya Cortés, la 4T podría sumar puntos en aquel discurso enarbolado por Andrés Manuel López Obrador: la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, Odebrecht no avanza y actores políticos importantes siguen sin ser llamados a declarar, por ejemplo, el mismo Enrique Peña Nieto. Esto se contrasta con la actuación de autoridades de otros países, también implicados por los sobornos de Odebrecht, para castigar la corrupción.

De acuerdo a El País, el caso en México sigue en la opacidad desde diciembre del año pasado, ya que la plataforma de abogados Tojil y Transparencia Mexicana solicitaron al Poder Judicial de la Federación como al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, que hicieran públicas las audiencias de Emilio Lozoya aun en contingencia sanitaria, sin embargo se le fue negado.

Aunado a esto, una investigación de la periodista Zoraida Gallegos, publicada también en El País, demostró que los implicados en México en la trama de corrupción de Odebrecht no solo había logrado esquivar las acusaciones por la vía penal, sino que también han conseguido evadir el pago de las sanciones administrativa

Hasta el momento, de los sobornos de Odebrecht en México, no hay ninguna sentencia. Los avances más recientes que se tienen por parte de la FGR de Gertz Manero, son los procesos penales contra Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), quien se encuentra en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte desde abril de este año, por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Asimismo, Carlos Alberto Treviño Medina, ex titular de Pemex, quien tenía audiencia para este miércoles, pero aplazada hasta el 7 septiembre. Mientras que Lozoya Austin comparecerá ante un juez de control con sede en el Reclusorio Norte este viernes.

Si se logra encontrar culpable a Anaya Cortés, podría darse un ejemplo de justicia para la 4T, pero de no llegar a nada   podría convertirse en otra pifia de la FGR, en donde la impartición de la justicia se vería todavía lejana.