Anuncia Redavi que se ampararán contra “Ley de Aguas”

Pese a que los organismos garantes de los derechos humanos a nivel local y nacional resolvieron que la llamada “Ley de Aguas” no violenta el derecho humano al acceso al agua, la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), grupo de colectividades de académicos, activistas y ambientalistas, aún interpondrán los amparos que buscarían revertir la legislación, informó Claudia Romero, integrante de uno de estos grupos.

Sobre la resolución a la que llegaron en un trabajo conjunto la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Romero reiteró la posición de los colectivos de rechazo a esta por no haber considerado una consulta a los pueblos originarios, entre otros argumentos que, aseguró, tampoco fueron tomados en cuenta.

Asimismo, Romero consideró que el titular de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, tiene un claro conflicto de interés por tener relaciones con el partido político que gobierna el estado, lo que le restó legitimidad a la resolución tomada.

“Ya varios medios lo sacaron. Hay un conflicto de interés que es muy claro. A nivel local está esta afinidad del defensor local con el partido en turno y con el gobernador en lo particular. No lo digo yo, está la evidencia cirulando en las redes”, aseguró.

Cabe recordar que durante la campaña del actual gobernador, Mauricio Kuri González, Javier Rascado mostró su apoyo en un spot publicado en la página propagandística Plataforma 21, señalando que respaldaría al ahora gobernador por su perfil empresarial, como lo recuperó el semanario Tribuna de Querétaro.

Esto se realizó poco después de dejar su cargo como presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (infoqro) y, ya en este gobierno, su postulación para dirigir DDHQ fue apoyado por 18 votos a favor.

Por ahora, Claudia Romero sostiene que los amparos individuales continuarán pese a que tampoco la presidencia de la República, que ni siquiera contestó el oficio entregado, ni el Congreso del estado cuestionaran la constitucionalidad de la legislación ya publicada.