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»Pena de muerte ¿Solución para feminicidios en México?

¿Será la pena de muerte una solución adecuada para el acuciante problema de feminicidios en nuestro país? Lo más probable es que no, porque al ser una solución reactiva, difícilmente permite eliminar el problema desde su raíz



Por: Staff Códice Informativo
Feminicidios

Foto: Archivo

El pasado lunes 18 de agosto, Juan José Ruiz, dirigente del PRI en Querétaro, lanzó una polémica sugerencia: modificar la constitución para que la pena de muerte aplique a feminicidas. La declaración de Ruiz generó las más variadas reacciones. Activistas feministas lo acusaron de aprovechar la coyuntura de las manifestaciones por el derecho a la vida y la seguridad de las mujeres, por otro lado, agentes de su propio partido, como el diputado Hugo Cabrera, hicieron lo posible por desmarcar al partido de la propuesta.

Con independencia de ambas consideraciones, esta no es la primera ocasión en que un actor político nacional realiza una propuesta de esta magnitud. Con anterioridad, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cercano al PRI y aliado suyo en varias elecciones, había organizado campañas mediáticas para exigir pena de muerte a secuestradores y asesinos. Dichas campañas fueron duramente criticadas por amplios sectores de la sociedad, pues se les señaló como “electoreras” y poco probables de llevar a la práctica al estar la pena de muerte prohibida en la Constitución.

Aunado a esta situación, está el hecho de que los mexicanos tienden a desconfiar de la pena de muerte como mecanismo para la aplicación de justicia. Para ahondar en este sentido, quizá convenga indagar un poco en la historia de la pena de muerte dentro de nuestro país, así como en su posible efectividad para disuadir la realización de actos ilícitos.

Hasta 2005, en México había pena de muerte solo para el delito de “Traición a la Patria“. El artículo 22 de la Constitución, que entre cosas establece que las penas siempre han de ser proporcionales a los delitos, fue modificado en ese año para que, junto con los azotes, las mutilaciones y otras penas consideradas “ignominiosas“, la Pena de Muerte quedara definitivamente excluida del código penal mexicano. Además, en 2007 autoridades mexicanas se suscribieron al Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990, que busca eliminar esa penalidad en todo el continente.

Desde entonces, la tendencia a nivel nacional ha sido a ir poniendo trabas a la posibilidad de que regrese la Pena de Muerte. La misma población, parece mostrarse interesada en que las cosas se mantengan por esta vereda, incluso en medio de una creciente crisis en la seguridad.

Esta circunstancia, que aparentemente resulta contradictoria, puede aclararse mejor tomando en cuenta dos cosas: Por un lado, la asociación que el inconsciente colectivo nacional hace entre pena de muerte y autoritarismo y, por el otro, la postura de la Iglesia Católica, que desde el Concilio Vaticano Segundo, celebrado a fines de los años sesenta, ha manifestado una cada vez más abierta desaprobación ante la idea de que se pueda matar a un criminal como castigo por sus acciones.

En lo que a la efectividad se refiere, es difícil saber si la pena reduce o no los índices de criminalidad violenta. No obstante, la experiencia anecdótica de lugares como Texas, que es el estado con más ejecuciones per cápita en Estados Unidos y uno de los principales bastiones de apoyo a la práctica, nos señala que los asesinatos, violaciones y feminicidios están lejos de de disminuir, pues se deben más bien a factores estructurales.

A nivel mundial, hoy la tendencia es contraria a la pena de muerte, pues cada vez son más los países que la eliminan de sus legislaciones. Incluso en Estados Unidos, que suele citarse como un ejemplo paradigmático de esta penalidad, son cada vez menos los estados que la mantienen, existiendo algunos que, aún teniéndola contemplada, tienen años sin realizar una sola ejecución.

Entonces ¿Será la pena de muerte, como sugiere la perspectiva punitivista, una solución adecuada para el acuciante problema de feminicidios en nuestro país? Lo más probable es que no, porque al ser una solución reactiva, difícilmente permite eliminar el problema desde su raíz y, además, se trata de una propuesta alejada de cualquier esquema de reinserción social. Reconocerle al estado la facultad biopolítica de decidir sobre la vida de sus ciudadanos es en este sentido una perspetiva que difícilmente se concilia con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.