Querétaro avanza en materia de feminicidios

El pasado 17 de junio culminó la audiencia por el asesinato de una mujer ocurrido hace dos años en la colonia Cerrito Colorado. La víctima, de nombre ‘Ana Karen’, había sido violentada sistemáticamente por su marido, al grado de que, al final, este le quitó la vida. De acuerdo con  medios de comunicación, antes de morir, Ana Karen había intentado conseguir protección de las autoridades, lo que finalmente no sucedió con las trágicas consecuencias que la condujeron a la muerte.

Casi una semana después de que culminara la audiencia por ese caso, ocurrió una tragedia análoga en el municipio de Tequisquiapan. Otra mujer, esta vez de nombre ‘Nancy’ fue acribillada afuera de la escuela de su hija. Dos días después, se supo que el autor intelectual del homicidio era su expareja, quien pretendía cobrar un seguro de vida y además quedarse con la custodia de la menor.

Para terminar con la vida de Nancy, el autor intelectual, que tiene nacionalidad chilena y sueca, contrató a dos migrantes hondureños que se encontraban de paso por la ciudad, uno de ellos menor de edad. La analogía con el que caso de Ana Karen está en que, meses antes de que la asesinaran, Nancy había manifestado su deseo de recibir protección por parte de las autoridades estatales.

En México, es común que este tipo de crímenes queden impunes. Una estructura social machista y la falta de voluntad en muchos niveles de gobierno dificultan que se dé resolución a las agresiones y crímenes contra las mujeres. Por eso, para las autoridades de Querétaro habría sido muy fácil desentenderse y hacer como que nada pasó y como que su trabajo se cumplió siempre con cabalidad. Afortunadamente y de manera sorpresiva, este no fue el caso.

Cuatro días después del asesinato de Nancy, su expareja y los dos autores materiales fueron detenidos y vinculados a proceso. Aún quedan por definirse muchas cosas, pero el hecho es que, de resultar culpables, les esperan penas que no deberían despreciarse. Por otro lado, el gobierno estatal anunció por dos vías diferentes que habría cambios «considerables».

En primera instancia, el gobernador, Francisco Domínguez Servién, señaló en su cuenta personal de Twitter que se modificarían los protocolos para investigar los casos de violencia contra las mujeres. Posteriormente, su secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres hizo eco de estas palabras y señaló que habría una reestructura de los protocolos en tres etapas.

Por supuesto que la actuación gubernamental no dejó satisfechas a todas las voces. Muchos críticos señalan que esto sería un caso de ‘ahogado el niño, tapado el pozo’. No obstante, es importante remarcar que las medidas constituyen un avance y que, al final, esto podría ser un precedente para otros estados o incluso para la Federación.