El aborto, un tema incómodo para la administración pública

La palabra aborto parece tener espinas en voz de personajes del sector público en el estado de Querétaro y quizás por eso prefieren evitarla, eliminarla del discurso oficial, lo cual contrasta con las cifras de organismos oficiales y los números que traen activistas sociales y organizaciones civiles.

El tema es tan polémico como histórico, no es algo nuevo ni mucho menos, pues quizás el texto más antiguo en el que se habla de la práctica de interrumpir y finalizar de forma prematura el embaraza es el Código de Hammurabi (1728 a.c.)

Sin embargo, en la entidad queretana el tema parece que sigue siendo un tabú para el sector público, pues sus representantes lo eluden, disfrazan casos, ocultan cifras, minimizan hechos…

En el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, su magistrada presidenta Consuelo Rosillo Garfias consideró que el aborto no muestra índices de alarma en la entidad.

“En este momento no tenemos ningún índice específico en el que se haya perseguido a alguien por aborto, en este año no hemos tenido ningún caso”, aseguró Rosillo Garfias.

Añadió que en el único caso en el que se discutió si el delito a perseguir era aborto u homicidio fue el caso de Dafne McPherson, quien fue sentenciada a 16 años de prisión por homicidio agravado, tras haber tenido un parto espontáneo en el baño una tienda departamental en San Juan del Río.

Pero el aborto no es ajeno a los habitantes de Querétaro, datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) indican que de abril de 2007 al 9 de agosto del 2018, en clínicas de la Ciudad de México habían sido atendidas 199 mil 230 mujeres en total, de las cuales 519 provenían de Querétaro.

En la entidad existen 11 carpetas abiertas de investigación sobre el aborto, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro del rubro de Incidencia delictiva del fuero común.

Estos datos oficiales quizás sean muestra contundente de la situación real en el estado de Querétaro, aquella que los funcionarios al parecer quieren “abortar” de la agenda pública.

En la entidad queretana sólo se puede abortar legalmente bajo algunas causales, por ejemplo, cuando el embarazo haya resultado de una violación sexual o por conducta culposa de la mujer.

Para el delegado en Querétaro del ISSSTE, Cándido Pérez Verduzco, la situación también parece estar en completa calma, pues declaró que la institución no ha tenido peticiones de aborto, ni pacientes con complicaciones por un procedimiento clandestino.

Aseguró que no hay casos registrados de aborto, ya sea por violación o conducta culposa de la mujer, ni de mujeres que lleguen a ser internadas de urgencia por algún procedimiento mal practicado.

Pero Alejandra Martínez Galán, presidenta de la Asociación Queretana para la Educación de las Sexualidades Humanas (Aquesex), señaló que el aborto tan solo es la punta del iceberg de un problema social, por lo que se necesita analizar el panorama completo y resolver este tema de raíz.

Ese es el punto medular, que el sector público en el estado, desde la Fiscalía, el sector salud, el Tribunal de Justicia y hasta la Legislatura local parece que no quieren abordar el tema como lo que es, un asunto de innegable repercusión social que reclama atención y adecuación a los tiempos actuales.

Martínez Galán recordó que la Organización Mundíal de la Salud (OMS) asegura que 97 por ciento de los abortos peligrosos fueron realizados en países en vías de desarrollo y hay 25 millones de abortos peligrosos al año en el mundo.

La titular de Aquesex indicó también que las mujeres de 15 a 19 años de edad son las que representan mayoría en embarazos no deseados en la entidad, con un 56.7 por ciento.

Quizás sí el gobierno asumiera una posición más abierta en este tema, los índices de prácticas permitidas por la ley y las cifras negras de la clandestinidad serían muy diferentes, donde se pueda llegar a un nivel social deseado y “abortar” definitivamente ideas caducas.