Peña Colorada ¿Quién presionó?

A menos de dos meses de que concluya la actual administración estatal surge la noticia de que el gobierno de Querétaro pidió  a la Federación que se suspenda el proceso de declaración de Área Natural Protegida de la zona conocida como Peña Colorada.

El argumento que esgrimió Juan Carlos Espinosa Larracoechea, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno, es que existe un impacto social negativo y no se cuenta con la aprobación ciudadana correspondiente. Así lo establece el oficio número F00. DGCD .- 521/2015 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), fechado el 23 de julio de 2015, y cuya copia tiene Códice Informativo.

Un año antes se presentó ante la Conanp el estudio previo justificativo para el establecimiento del área natural protegida.

Ahí,  se establecía que su nombramiento bajo esa figura “es importante ya que alberga una gran biodiversidad y brinda servicios ambientales, tales como captura de bióxido de carbono, proporciona oxígeno, infiltración de agua para el reabastecimiento de acuíferos, controla la erosión de suelo e interviene en la regulación del clima”, según señalaba el documento.

Peña Colorada se ubica en los municipios de Querétaro y el Marqués, en una superficie de más de 4 mil 983 hectáreas, de las cuales el 69 por ciento se ubica en la capital queretana. De acuerdo con los especialistas, ahí se encuentran más de 250 especies de plantas y 171 de animales, de las cuales algunas están en categoría de riesgo. Asimismo tiene 18 cuerpos de agua y está en medio de varias regiones hidrológicas. Vaya, para ser concretos, cuenta con una gran riqueza en flora y fauna.

“El polígono se encuentra conformado por 67 predios particulares, 293 parcelas ejidales y 9 zonas ejidales de tierras de uso común” según documentos oficiales.

El 23 de octubre de 2014, ejidatarios con tierras en la zona de Peña Colorada realizaron un bloqueo a la carretera a Chichimequillas. Pedían que se frenara el decreto por que afectaba  sus propiedades.

“El gobierno del estado está violando los derechos de todos los campesinos, están maquillando un proyecto denominado Peña Colorada como una reserva ecológica, pero eso no es cierto, ya que estamos revisando el estudio que hizo la UAQ y ahí directamente dice que entrará la inversión extranjera a nuestros ejidos”, aseguraron a Códice Informativo.

De acuerdo con el Estudio Previo Justificativo (en poder de Códice Informativo), la actividad agrícola y ganadera en el polígono de Peña Colorada es muy baja y en proceso de desaparición, además de que se plantea que dichas actividades pueden mantenerse, pero de forma sustentable.

Lo anterior hace pensar que la principal oposición al decreto no sería de parte de los ejidatarios, sino de otro sector en el que las tierras tienen más utilidad, como es el inmobiliario.

Y es que esta superficie colinda con zonas habitacionales y vías importantes de comunicación, como son el anillo vial Fray Junípero Serra y la autopista Querétaro – San Luis Potosí , entre otras,  lo que la hace muy atractiva para los desarrolladores inmobiliarios que han visto un auge de negocios en dicha zona.

Ante esto, desde hace ya varios años grupos de ambientalistas lucharon porque esa zona fuera decretada Área Natural Protegida y no se convirtiera en un lote más para su venta en fraccionamientos. Incluso contaron con la promesa gubernamental de que en 2014 quedaría formalmente establecida esa categoría. Eso no ocurrió.

Sin embargo, a decir del oficio enviado por la Secretaría de Gobierno el 8 de julio de 2015, hubo un impacto social negativo que obligó a parar el proceso de decreto.

La pregunta es entonces, ¿A quién beneficia que se frene este decreto? ¿A ejidatarios o a inversionistas inmobiliarios?

De manera extraoficial, se habla de que inversionistas de otras entidades ya han hecho algunas compras de terrenos de manera privada y no han sido escrituradas, según lo revelaron ambientalistas a Códice Informativo.

Desde hace ya un año se advierte que Peña Colorada ha presentado cambios en el uso del suelo,  lo que ha generado una reducción de las poblaciones de la vida silvestre y eleva el riesgo de desaparición en la región.

Ante este escenario, sorprende de sobremanera el oficio enviado por Juan Carlos Espinosa Larracoechea, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno estatal, donde advierte que existe un impacto social negativo y no se cuenta con la aprobación ciudadana correspondiente para decretar a Peña Colorada como Área Natural Protegida.

Las preguntas quedan en el aire: ¿Qué grupos sociales no dieron su aprobación? ¿Por qué no se hacen públicos los argumentos que llevaron a esa conclusión? ¿Qué argumentos sociales son más importantes, como para frenar la protección de uno de los puntos más significativos de conservación del medio ambiente en el estado de Querétaro?

¿Quién presionó? ¿Fue en verdad presión social? O estamos ante la voracidad de la presión económica, el lucro y el contubernio entre autoridades y desarrolladores al que tantas veces nos hemos visto expuestos los queretanos?