¿Por qué aumentar la tarifa no resolverá el colapso de RedQ?

Con el anuncio del incremento de la tarifa del transporte público por parte del Instituto Queretano del Transporte y Secretario del Consejo Directivo; Luis Enrique Moreno Cortés se pone el último clavo en el ataúd para Red Q.

Más allá de las aberrantes declaraciones de algunos concesionarios e incluso de presidentes de organismos empresariales, como Jesús Calderón Calderón, de la Canacintra, existe la imperante necesidad de terminar con este “Frankestein” creado en 2013, que con un ánimo triunfalista –muy anticipado- se presentara a la sociedad como un antes y un después en la historia de la movilidad en la entidad, y ahora pasará a convertirse en el gran elefante blanco de la administración, pero sobre todo en el epicentro de una serie de políticas públicas fallidas y quizá hasta de actos delictivos.

Técnicamente, los concesionarios del transporte están quebrados, al menos los pequeños; las grandes empresas no solo perdieron competitividad, sino también rentabilidad, por lo que el aumento de la tarifa no compensará ni aliviará la situación que enfrentan en un círculo vicioso transportistas, operadores y usuarios.

La demanda del transporte es inelástica, por el momento, pues sin importar su costo se deberá seguir utilizando el servicio. Ante la fallida política pública de movilidad, no se impulsó la concentración y contracción de los polos de desarrollo, ni el uso de vehículos ecológicos o de protección al peatón, y mucho menos un servicio de calidad que incentivara el uso del transporte público por encima del auto particular. Hasta el programa, el del subsidio a la tenencia vehicular, va en contra de las políticas de vanguardia mundial para inhibir el uso del automóvil.

Dicho incremento impactará de manera inmediata en la economía de los queretanos en los datos inflacionarios a partir de la primera quincena de agosto; además esta medida se desplaza o impulsa el incremento o “ajuste” en otras tarifas, no solo en lo que se refiere a los autobuses, sino por ejemplo, en torno a las tarifas de taxis.

Los concesionarios del transporte público en esta ocasión son víctimas y culpables al mismo tiempo; ¿Cómo es posible esta dualidad? Simple. comencemos por lo más sencillo de explicar, y nos referimos a la forma:

Ellos decidieron con la autorización o acuerdo con el gobierno, el incremento de la tarifa argumentando que en los últimos años solo han ajustado su tarifa en 2.50 pesos, alrededor de un 20 por ciento del total del costo que se proyecta pudiera alcanzar el transporte público colectivo en los últimos 10 años, un monto quizá inferior al ajuste inflacionario que se ha vivido en el mismo periodo. Esto es, económicamente, parcialmente cierto.  

Sin embargo, esos concesionarios que por años han negociado con la autoridad y canjeado su compromiso y solidaridad con los usuarios del transporte, no lo han hecho por un tema de responsabilidad social, sino porque han recibido privilegios que han compensado su sacrificio.

El transporte público bien operado es negocio, nadie invierte en algo quebrado o que técnicamente resulta inviable, y así lo había sido por años para ellos, sin embargo, la ambición e incluso la ignorancia los hizo vulnerables ante un gobierno que vendía excelentes maquetas y videos en 3D, pero que jamás materializaba nada.

Una empresa integradora del transporte (RedQ)   y una asociación como la Unión de Transportistas Urbanos de Querétaro (UTUQ), conjuntamente con la mercadotecnia del gobierno en turno, lograron los consensos sociales necesarios para iniciar con el proceso modernizador del transporte público en Querétaro.

Sin embargo, desde un principio y desde luego en lo más oscuro, comenzaron las fisuras que hoy tienen resquebrajado al transporte colectivo en Querétaro; de acuerdo con denuncias penales que han sido presentadas ante el Ministerio Público -que por el momento duermen el sueño de los justos– hay irregularidades desde la creación de RedQ, las cuales fueron sistemáticamente omitidas, hasta el punto de la adjudicación de la licitación a una empresa de San Luis Potosi de nombre NRTEC, la cual percibe desde el inicio de operaciones del sistema una cantidad de 4 millones de pesos por concepto de comisión por su tecnología.

Entre lo que propuso como soluciones tecnológicas y el servicio que actualmente ofrece hay una gran diferencia que va en detrimento del usuario y de los concesionarios, pero lo lamentable es la opacidad con la que los recursos se distribuyen entre las distintas organizaciones que integran el sistema RedQ.

Sin embargo, hay quien se ha quejado a grado de una denuncia penal, y quien ha callado pero incrementado de una manera muy peculiar su flota de unidades, pero no solo eso, al parecer se han vendido en el mercado negro claves que permiten alterar el sistema al hacer los cortes de caja correspondientes. Hay unidades que han trabajado por un turno y simplemente no reportan un pasajero.

RedQ es tan privado como la autoridad considere y es tan público como la administración estatallo mandate. Incluso, se tiene registro de depósitos de apoyo al transporte que el gobierno del estado de Querétaro ha entregado a los transportistas, lo cual resulta algo obligado auditar e investiga, pero no solo esas transacciones, sino la operación en su conjunto de todo el sistema y principalmente de la empresa concentradora NRTEC.

Existe en la denuncia presentada ante el Ministerio Público un testimonio ante los representantes de las 11 empresas que integran RedQ, por parte Mayra Melo, presidente de la UTUQ, en el que les asegura que hay 13 millones de pesos extraviados por concepto de pago de tarjetas, y en el que denunció la discrecionalidad con la que la autoridad asigna tarjetas sin señalar los montos de crédito al momento de la asignación, por medio de los programas sociales con los que opera ese beneficio.

Es evidente que RedQ ganaría una campaña de mercadotecnia, sin embargo, en nada resolvió el problema de movilidad, y de hecho, podría decirse que sólo empeoró la condición de los usuarios y complicó el margen de operación de la siguiente administración.

El incremento de la tarifa no es el costo real de la ineficiencia en el servicio de transporte público, el verdadero costo es la asignación de contratos raros, por decir lo menos, que operan por debajo de los compromisos pactados. El costo de los patios de maniobras o resguardo de las unidades los cuales no solo están lejos de ser logísticamente idóneos para su función, sino que también presentan en la percepción, por lo menos, falta de transparencia. Y que decir de la adquisición de unidades beneficiando a un solo distribuidor, quien curiosamente encareció su precio, por encima de las Normas Oficiales y el principio básico de la economía: la libre competencia.

El pasivo en el transporte que enfrentará la administración de Francisco Domínguez Servién a partir del 1 de octubre del 2015 tendrá un plazo que correrá por un periodo de 730 días, periodo que el gobernador electo se ha propuesto para revertir el daño heredado y brindar a los queretanos un verdadero servicio de calidad.