Querétaro se reserva información de la implementación de juicios orales
La información fue solicitada por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) que realizó una investigación a nivel nacional sobre el tema
El estado de Querétaro reservó toda la información relativa a su Programa de Implementación de la Reforma del sistema de justicia penal acusatorio, así como cualquier proyecto o acción derivado del mismo bajo el argumento de que la difusión pondría en riesgo la seguridad de la entidad, reportó el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Carlos de la Rosa, investigador del CIDAC, relató que dicho organismo, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana realizó un estudio con el objetivo de conocer y evaluar el avance en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio de las 32 entidades federativas a través de 1, 486 solicitudes de información a todas las procuradurías de justicia de México.
Al dar a conocer los resultados de la investigación en el sitio web de noticias Animal Político, De la Rosa reveló que sólo el 10 por ciento de las respuestas obtenidas resultó útil para los propósitos de la investigación.
En su texto titulado “Transparencia: la obligación incómoda”, precisó que dentro de las respuesta a las peticiones de información hubo una serie de malas prácticas para responder como contradicciones, argumentar que se trataba de información reservada, discriminación y, además, se investigaba al solicitante de los datos.
Es justamente en el área de información reservada donde aparece el estado de Querétaro. De la Rosa expuso en el texto:
“El estado de Querétaro reservó toda la información relativa a su Programa de Implementación de la Reforma, así como cualquier proyecto o acción derivado. Argumentaron que la difusión pondría en ‘riesgo’ la seguridad del estado.
“De acuerdo con (las autoridades de) Querétaro se aludió al hecho de que la reforma es un proceso coordinado por la Secretaría Técnica (SETEC) y al ser ésta un órgano desconcentrado de Secretaría de Gobernación adquiere el carácter de seguridad nacional”.
El investigador del CIDAC y abogado por la UNAM añadió que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato hizo lo mismo bajo la justificación de que se conocerían las estrategias y acciones dirigidas a la prevención, investigación y persecución del delito.
El autor de la investigación cuestiona por qué si se realizaron las mismas preguntas a todas las entidades del país, por qué en algunos casos sí fueron respondidas.
“¿Por qué la información de Querétaro tiene carácter de seguridad nacional y la de Puebla no? Si bien los supuestos de reserva en las Leyes de Transparencia en ambos estados son ambiguos, en los dos se establece la necesidad de fundamentar y explicar el motivo de la reserva a partir de elementos objetivos y verificables. En ningún caso se explicó de forma detallada cuál es la relación entre la información y el ‘riesgo’ que implicaría su entrega”, insistió.
Del total de las solicitudes realizadas el 40 por ciento fueron rechazadas bajo un abanico de justificaciones inverosímiles y dependencias de al menos 10 entidades simplemente nunca respondieron, relató.
Al final del ejercicio, continuó De la Rosa, sólo el 10 por ciento del total de las solicitudes obtuvo una respuesta que resultara útil para los propósitos de la investigación.
“Sobraron las respuestas incompletas y deficientes, las declaraciones de incompetencia, los envíos de discos compactos sin contenido alguno e inclusive documentos sin ningún tipo de sello o firma oficial. Si algo transparentó nuestro ejercicio fue que la transparencia no es una prioridad. Durante el proceso que se prolongó varios meses identificamos una serie de malas prácticas que ahora consideramos pertinentes difundir”.
El investigador atribuye la falta de información a la desconfianza que existe desde las instituciones hacia los ciudadanos, entre otras cosas, porque podría tener trasfondo político.
“La transparencia les incomoda”, sentenció.