¿Qué pasa con la Ley General de Transparencia?

El año pasado se dio una importante reforma Constitucional en materia de transparencia, de las consideradas de “gran calado”. En ella, se apostó a materializar el fortalecimiento del Estado Constitucional, es decir, un Estado en el que su eje principal sea proteger y garantizar los derechos humanos. Más derechos y más protección, lo que teóricamente le llamamos maximización de los derechos.

El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) se encuentra contemplado en el artículo sexto de nuestra Constitución y es considerado un Derecho Humano. Si bien es cierto éste ya era contemplado desde el último cuarto del Siglo pasado, también lo es que no es hasta inicios de éste que por medio de las legislaciones secundarias se torna palpable su ejercicio. Podemos afirmar que es un derecho de reciente creación, no obstante su evolución y entendimiento ha sido cada vez mayor. Para coronar este fortalecimiento, se dio finalmente la reformar constitucional que en un inicio se mencionó, no sin algunos contratiempos que retrasaron su aprobación y entrada en vigencia.

El producto final podemos asegurar fue bueno, incluso rebasó en algunos aspectos nuestras expectativas. Son dos los puntos que a nuestra consideración son destacables, el primero es que se hace énfasis en los principios que en el DAIP deben prevalecer para otorgar una mayor protección a las personas, como lo es el de máxima publicidad. El segundo, que ahora tendremos una Ley General de Transparencia que nos permita armonizar todas las leyes del país y, con ello,  garantizar el ejercicio de este derecho de la misma manera en todo el territorio nacional.

El caso es que el pasado 7 de febrero se venció el plazo que el Congreso de la Unión tenía para expedir esta ley. Lo que hoy tenemos es una discusión en torno al contenido de la ley, no obstante que el año pasado se había presentado una iniciativa por parte del Senado, producto de los trabajos que realizaron con organizaciones sociales y académicos. La polémica se generó  por las modificaciones que al proyecto se propusieron por parte del Ejecutivo Federal y que significaban un retroceso para el ejercicio de este derecho.

Finalmente se reencauzó el proceso y esta semana el Senado invitó a los especialistas en el tema a manifestar su opinión. El lunes fue el turno de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que es el espacio de intercambio de experiencias, reflexión, análisis y cooperación para los 33 Organismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública existentes en el país, los cuales la integran de manera voluntaria.

En este espacio, como Presidente de la COMAIP manifesté las inquietudes que desde los órganos garantes tenemos para que la Ley General se convierta en una legislación de avanzada que garantice de manera plena este derecho. En resumen, el posicionamiento fue que se respete la esencia de la reforma constitucional, garantizando las bases y principios que establece, y evitar caer en una paradoja, que la ley reglamentaria de la Constitución sea inconstitucional.

* Para conocer posicionamiento completo de la COMAIP http://www.comaip.org.mx/lgt.pdf