El laberinto y el Minotauro (3/3) 

Desorientar a través de las palabras no es nada nuevo. Es un arte que practicó con maestría Mario Moreno “Cantinflas”. Muchos profesionistas se aprovechan del arte de la palabrería hueca para obtener ventajas de sus clientes o enmascarar sus fechorías.

Médicos, abogados, ingenieros, mecánicos y contadores hablan entre sí con sus propios lenguajes, con sus tecnicismos. Dicen rinoseptoplastía en lugar de “operación de la nariz”. Se vanaglorian con fórmulas que extraen de lenguas muertas como in dubio pro reo, quid pro quo y otras.

Los Minotauros contemporáneos usan los tecnicismos de la administración pública y las leyes para construir extensas frases, con una fachada barroca pero con significados simples o inexistentes. Pero la épica de su entonación al hablar hace creer a más de uno que se tratan de palabras redentoras u orientadoras.

En general, a los periodistas les toca el papel de traductores de las distintas jergas al lenguaje de la mayoría. A veces lo logran, otras no tanto. A los docentes toca introducir a los estudiantes en ese lenguaje especializado.

Las complicaciones de la lengua están entre los principales obstáculos para la transparencia y el acceso a la información pública. La información se presenta bajo la lógica de los funcionarios públicos y no bajo la lógica de los ciudadanos comunes, así consta en los portales de Internet de los gobiernos y en estudios realizados por organismos no gubernamentales dedicados a la transparencia.

Al presentar los resultados del “Ranking de portales de transparencia: la medición 2010” de la revista Política Digital,Rodrigo Sandoval Almazán, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, afirma que el estudio que realizaron “refleja un escaso avance en la transparencia digital de los gobiernos estatales. La mayoría de los portales siguen presentando información para sólo ‘cumplir la ley’. Muy pocos asumen el compromiso de facilitarle al ciudadano la información gubernamental. Esta interpretación o explicación de los datos gubernamentales en lenguaje ciudadano y bajo la lógica de un ciudadano común y no de un funcionario, aún está muy lejos de aparecer en los portales de transparencia evaluados este año”.

Las leyes de acceso federal y estatal de Querétaro prevén que los gobiernos publiquen de forma obligatoria cierta información. En la mayoría de los casos, esas obligaciones de transparencia se deben cumplir a través de un portal en Internet.

Cuando al fin se accede al apartado de la información pública en los portales electrónicos, el navegante se topa con una página que reproduce el Artículo 7° de la LEAIG, el cual establece las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados a través de varios numerales. Es decir, la presentación para todos usuarios – que pueden tener una escolaridad desde la primaria hasta el doctorado– es el mismo: la propia ley sin mayores explicaciones. La mayoría de los sujetos obligados presentan la información en el mismo formato.

Una vez que se descifra el texto legal y se hace click en los hipervínculos es posible acceder a la información pública obligatoria. Ésta se presenta en un formato escueto, sin mayor contextualización o explicación sobre su significado o sus implicaciones. Algo similar ocurre con el resto de los municipios  y con el portal de Gobierno del Estado.

Al publicar la información a través del texto de la LEAIG con hipervínculos, los funcionarios presuponen que la mayoría de la población comparte el lenguaje jurídico. Los Minotauros están siempre dispuestos a cortar los hilos de Ariadna y extraviar a los intrusos.

Que la transparencia no sea un discurso hueco implica que los cancerberos hagan esfuerzos por presentar la información en palabras al alcance de la mayoría. Deben renunciar al coto de poder que les da la jerga administrativa.

El derecho a saber es un derecho humano, no sólo un derecho de los ciudadanos o de los instruidos. No hacerlo supone un velado impulso discriminatorio que va en contra del principio de igualdad necesario en toda sociedad democrática.

Una opción para solucionar el divorcio entre los ciudadanos y la información pública es elevar el nivel cultural de todos los usuarios; otra vía es la adopción de una actitud didáctica frente a la población y generar un mapa claro del laberinto burocrático, un glosario de términos –que suelen hacer las veces de contraseñas–, simplificar los procedimientos solicitar información y presentar los portales de transparencia de forma digerible por niños, adolescentes, adultos y ancianos por igual.

Así los mexicanos podrían hacer verdaderas auditorías, preguntar al cancerbero por qué tiene una maceta en un pasillo, cuánto le costó, a quién se la compró, en qué contribuye esa maceta al desarrollo de los habitantes, por qué compró una maceta en lugar de darle ese dinero a alguien que necesita comida.

Dotar a la población de esas brújulas y mapas, permitirá que hagamos mejores preguntas y que obtengamos respuestas pertinentes, y así ejercer efectivamente el derecho a saber, el derecho a conocer para decidir con la mejor información disponible.