Senado aprueba cuarto dictamen de leyes energéticas

El Senado de la República concluyó el trabajo legislativo de aprobación de las leyes energéticas con el cuarto dictamen sobre órganos reguladores y protección al medio ambiente en el sector de hidrocarburos. Las cuatro minutas fueron remitidas a la Cámara de Diputados para que continúe el proceso legislativo de revisión. 

La noche del lunes fue aprobado, en lo general y en lo particular, el último dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que expide las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con 86 votos a favor y 26 en contra.

Las otras tres iniciativas de la legislación secundaria de la reforma constitucional, enviadas al Senado por el Ejecutivo el 30 de abril para su dictaminación, discusión y votación, son:

La que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas.

La que contiene proyecto de decreto por el que se expiden las leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La que contiene proyecto de decreto por el que se expiden las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuarto dictamen

En el debate del último dictamen de leyes energéticas, el PRD y PT presentaron propuestas de modificación que no fueron avaladas por el pleno, que sí aprobó cambios planteados por las comisiones dictaminadoras, a fin de modificar el artículo cuarto transitorio de la Ley de Órganos Regulados.

En dicho artículo se eliminó el párrafo que sugería que para la adecuada integración de dichos órganos y para efecto de nombrar a los dos nuevos comisionados no sería aplicable, por única ocasión, el requisito de no haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación.

Asimismo, se modificó el artículo 3, fracción XI, inciso e, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, relativo a las definiciones del sector hidrocarburos o sector, donde se suprime la palabra “ductos”.

Las leyes aprobadas define a las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía como órganos reguladores coordinados en materia energética, con autonomía técnica, operativa y de gestión.

En el desempeño de sus funciones deberán coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal.

La propuesta, contempla que el Ejecutivo ejerza sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos, a través de dichos órganos para promover el desarrollo eficiente del sector energético.

Además, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión.

La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y operativa, las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes.

En estas jornadas se avaló el dictamen que expide la Ley de Hidrocarburos, que tiene como objetivo regular la exploración y extracción de hidrocarburos, su tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento.

La reforma establece que para las áreas naturales protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos para la exploración y extracción. Se incluyó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá autorizar a los titulares de concesiones mineras actividades específicas de exploración superficial de hidrocarburos en las áreas en que coexistan sus derechos, entre otros temas.

Otro de los ordenamientos aprobados fue la Ley de la Industria Eléctrica que establece el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como la prestación del servicio público de transmisión y distribución de electricidad. En estas materias, el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares.

En el rubro de energía geotérmica se busca regular el reconocimiento, la exploración y explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica.

La asamblea también aprobó con cambios el dictamen que expide las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo objetivo es transformar a estos entes en empresas productivas del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, a fin de modernizarlas, actualizarlas y fortalecerlas para que compitan en sus respectivos mercados.

Los nuevos ordenamientos establecen la manera en que se integrarán los consejos de administración de Pemex y CFE, así como sus respectivas funciones. Además incluye un régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, bienes, responsabilidades y dividendo estatal.

Nuevos órganos reguladores

La primera legislación fija las reglas para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), instituciones clave en la apertura del sector energético a particulares.

La CNH será la responsable de autorizar los contratos del Estado con empresas privadas para la exploración y explotación de petróleo y gas, mientras que la CRE otorgará permisos para la generación y el suministro de electricidad.

Ambas instituciones funcionarán como órganos “coordinados” con el gobierno federal, en particular, con la Secretaría de Energía (Sener).

Según el dictamen impulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), esta coordinación es necesaria para que las decisiones que tomen estos organismos sean congruentes con la política energética que defina la Sener como cabeza del ramo.

“Precisamente porque sabemos de las amenazas naturales a cualquier apertura económica, estamos dotando al Estado mexicano de todas las herramientas que necesita para proteger los intereses de todos los mexicanos“, dijo en tribuna el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado.

Sin embargo, los partidos de izquierda de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) consideraron que las instituciones no tendrán autonomía suficiente para regular a los actores del sector.

“(Quieren) un Estado que no tenga capacidad regulatoria porque es parte de una intención clara y puntual de apertura que encuentre un Estado debilitado. Hoy sí se los puedo decir, porque este dictamen no satisface lo que he escuchado yo de muchas bancadas parlamentarias (sobre los supuestos beneficios de la reforma)“, dijo el perredista Armando Ríos Piter.

Reglas para los comisionados

Tanto la CNH como la CRE tendrán un órgano de gobierno integrado por siete comisionados, que serán propuestos por el presidente, ratificados por el Senado y durarán en el cargo siete años.

Sus sesiones y resoluciones deberán ser públicas, y deberán participar en un Consejo Coordinador del Sector Energético, en el que también estarán el titular de la Sener, los subsecretarios de la misma dependencia y los directores de los nuevos centros nacionales de Control de Gas (Cenagas) y de Control de Energía (Cenace).

La ley establece que para que estos comisionados eviten caer en conflicto de interés, estarán impedidos de participar en la decisión de un asunto cuando tengan parentesco —sin limitación de grado— con alguno de los interesados; cuando tengan interés personal, familiar o de negocios en un tema; o cuando hayan sido testigos, peritos o apoderados en casos que revisen los reguladores.

Con información de agencias.