Los delirios mediáticos del caso Juan Pablo Rangel

Menos ruido ha causado la libertad provisional de la que goza ahora Juan Pablo Rangel Contreras que la estridencia mediática con la que se trató su detención el pasado 1 de diciembre. Como sombra ha pasado su liberación si se compara con las reiteradas ocho columnas y grandes espacios en portadas que recibió la noticia de su entrada en prisión, incluso en periódicos de corte nacional.

Ahora que Juan Pablo Rangel sigue su proceso en libertad, tras estar preso durante cinco meses en el Penal Federal número 4 “El Rincón”,  en Tepic, Nayarit, no parece ser materia de escrutinio periodístico el cuestionarse qué pasó y por qué pasó, mientras que a finales del año pasado y a principios del presente, especular sobre las razones de la detención de Rangel Contreras se convirtió en el tema favorito de la prensa local.

¿Qué se decía sobre su detención en diciembre de 2014 y enero de 2015? Primero, se “filtró” información sobre una supuesta investigación en su contra por delitos de carácter financiero. Pero no tardó en surgir una segunda versión. Para muchos medios, tanto locales como nacionales, la detención de Juan Pablo Rangel tenía que ver con su responsabilidad por la escucha ilegal de conversaciones telefónicas, un delito al que cotidianamente se refiere como “espionaje”.

Con la publicación de extractos de audios en los que era posible escuchar una voz, supuestamente de Juan Pablo Rangel, se alimentó la versión de que su presencia ante la Procuraduría General de la República (PGR) tenía que ver con el famoso espionaje. “Tengo colgado al uno”, se podía escuchar en uno de esos audios, una línea que provocó mares de especulaciones.

Ricardo Anaya, José Calzada, y hasta Enrique Peña Nieto fueron víctimas de sus prácticas de espionaje, según reportaban medios de comunicación basados en “fuentes regularmente bien informadas”.

A nivel local, medios de comunicación tejieron redes supuestamente delincuenciales en las que se involucraba a buena cantidad de personas públicas, como parte de una compleja maraña de intereses que pretendían inmiscuirse en conversaciones telefónicas privadas para sacar rédito político de su publicación.

Incluso se afirmó en algunos medios de comunicación queretanos que la mente maestra detrás de ese contubernio era Marcos Aguilar, otrora aspirante y hoy candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal.

Sin embargo, a pesar de que el concierto mediático parecía tener entre sus manos información privilegiada que más temprano que tarde sería confirmada por las autoridades, esto nunca sucedió.

El 10 de diciembre de 2014, se dio a conocer de manera oficial que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, dentro de la causa penal 323/2014, dictó auto de formal prisión en contra de Juan Pablo Rangel Contreras.

¿El delito? Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Nada más. Ni espionaje, ni escuchas, ni lavado de dinero. Nada.

“Al tiempo” se escuchaba y se leía en medios de comunicación queretanos, pidiendo paciencia para esperar a que esas mismas autoridades terminaran por confirmar la novela política que a entregas diarias habían comenzado a construir. Pero el tiempo pasó y esa luz nunca llegó.

La certeza comenzó a surgir cuando el 15 de enero, en entrevista exclusiva con Códice Informativo, Rafael Heredia Rubio, abogado defensor de Juan Pablo Rangel, explicó que en ninguna parte del expediente se hacía referencia a otro delito que no fuera el de portación de arma de fuego.

El famoso abogado que resolvió el entramado jurídico presentado en la película “Presunto Culpable” no dudó en afirmar que la detención de su cliente fue ilegal y tenía tintes políticos. Incluso explicó que la investigación en contra de Juan Pablo Rangel comenzó a partir de que el 12 de noviembre de 2014 llegó al Ministerio Público de la Federación una carta anónima que, sin hacer acusaciones formales, señalaba que su cliente tenía una alta posición económica, era adepto a la bebida, y era presuntuoso, por lo que levantaba sospechas.

“Le dicen a Juan Pablo, una vez que lo interceptan, oiga su camioneta se quedó abierta, se queda así o vamos a cerrarla. Lo hacen que vaya con ellos, y es cuando le muestran que está ahí una pistola en el asiento, unos documentos, y unos USB. Es a lo que yo me refería, todo esto fue plantado y hay testigos”, expresó entonces el abogado defensor, quien hizo pública la versión que el único asunto que jurídicamente se le imputaba a Juan Pablo Rangel, fue de hecho un montaje.

A partir de esa entrevista, un silencio sepulcral en torno al tema se fraguó en los medios de comunicación queretanos, que 30 días antes habían estado sumamente dinámicos al respecto.

De vez en vez, alguna columna de opinión tocaba de refilón el tema, siempre haciendo referencia a Marcos Aguilar, advirtiendo que en los días venideros surgiría información nueva sobre el caso. Eso tampoco llegó a suceder.

Y así hasta este 29 de abril, en plenas campañas electorales, cuando una nota informativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) escribió una nueva página en el caso Juan Pablo Rangel. El queretano obtuvo libertad bajo fianza pues se comprobó que el arma que supuestamente traía consigo no se encontraba en el catálogo de armas de uso exclusivo del Ejercito.

Una vez más, la información oficial careció de palabras como “lavado”, “dinero”, “escuchas”, “telefónicas”, o “espionaje”. Desde aquel 1 de diciembre y hasta hoy, el único delito que se le imputa a Juan Pablo Rangel y por el que estuvo preso cinco meses es el de portación de arma de fuego. Nada más.

Incluso este medio tuvo comunicación con fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación, quienes negaron que hubiera alguna imputación en contra de Juan Pablo Rangel.

Al hacer referencia a su liberación, algunos medios de comunicación, que han destinado espacios mucho más pequeños en sus redacciones a la liberación del inculpado que a las especulaciones de sus responsabilidades penales, han seguido contextualizando la información haciendo referencia a la presunta investigación que autoridades han mantenido en contra de Juan Pablo Rangel por el tema de las escuchas ilegales de conversaciones telefónicas. Pero una vez más es necesario explicar que oficialmente ese tema nunca estuvo sobre la mesa.

Esta sucesión de hechos invita a los queretanos a plantearse una serie de preguntas. ¿Por qué detuvieron a Juan Pablo Rangel? ¿Le plantaron un arma de fuego para mantenerlo en prisión? ¿Quién “filtró” la información que daba cuenta de supuestas investigaciones comandadas por la PGR? ¿Quién es el responsable de dar a conocer los audios en los que supuestamente hablaba Juan Pablo Rangel? ¿Por qué se trató de responsabilizar a Marcos Aguilar? ¿La autoridad ministerial actuó conforme a la ley? ¿Algún funcionario público será investigado por posibles actos de corrupción? ¿Alguien gestionó para que el tema fuera minimizado en la prensa?

¿En Querétaro la procuración de justicia se utiliza como un arma política?

Al tiempo.