Sistema penal acusatorio en Querétaro

Desde 2014 y conforme a los lineamientos descritos a nivel nacional en la Ley General de Sistema nacional de Seguridad Pública -ordenamiento que entró en un proceso transitorio desde hace 7 años- Querétaro comenzó el proceso de transición hacia un sistema penal acusatorio adversarial que deberá estar incorporado al área metropolitana el próximo 30 de marzo.

En una primera etapa, se inició el 2 de junio de 2014 con la incorporación en los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo; así como Amealco y Huimilpan. 

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2014 entró en Cadereyta, Ezequiel Montes, San Joaquín; Tolimán, Colón, Peñamiller, Jalpan Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco. 

Y se prevé que para el próximo 30 de marzo se aplique en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, donde, por cierto, se concentra la mayor parte de los delitos en el estado.

La ley aprobada por el legislador local así consideró los tiempos, el poder Judicial evidentemente sugirió los plazos y el Ejecutivo decidió el horizonte.

Pero parece que el proceso se ha atorado en la última etapa. Además valdría la pena hacer un balance de qué tanto ha funcionado en los municipios donde ya opera.

A nueve meses del inicio de este sistema, surgen diversas preguntas: ¿Cómo se ha gastado el recurso asignado por la federación para ello? ¿Qué avances tangibles físicos hay en torno a la infraestructura tan anunciada e indispensable para ejecutar este sistema? ¿En los municipios donde ya se puso en marcha cuántos juicios bajo este formato se han celebrado? ¿La justicia fue pronta y expedita? ¿Existe la suficiente capacitación de las corporaciones policiacas, investigadoras y de jueces en materia del nuevo sistema de justicia penal?  ¿Existe o no retraso y deterioro en la eficiencia de actuación de la autoridad?

Son preguntas que bien haría en responder el titular de la Comisión para la Implementación de la Reforma Penal y la Modernización de la Justicia en el Estado de Querétaro, a fin de generar una mejor percepción de la ciudadanía y despejar dudas.

Marzo está a la vuelta de la esquina y en el poder Judicial no son pocas las voces que presumen un posible anuncio para posponer la entrada en vigor de la tercera y última etapa en la ruta del nuevo sistema penal. 

En los hechos más allá de la línea discursiva es necesario replantear el rumbo que tendrá el estado en la materia, si bien se gozan con índices menores de delitos respecto a otras entidades, lo cierto es que porcentualmente hay un evidente fracaso por parte del gobierno del estado en el capítulo de la seguridad.

Dicha afirmación parte no sólo de la frialdad de la estadística, esa que incomoda. Sería bueno tener la misma tenacidad con la que se persiguen los delitos de carácter político, en la atención de aquellos que lesionan a la sociedad en general.