¿Dónde está la oposición en la Legislatura de Querétaro?

“El problema es que hay un pacto de impunidad con una especie de mandamiento: Tapaos los unos a los otros, que involucra también a la oposición, porque aquí hay otro tema, ojalá se toque y se amplíe más allá de este problema, que tiene que ver con en dónde está la oposición de este país”.

Esas palabras fueron compartidas por Denisse Dresser, politóloga mexicana, en el programa Aristegui, conducido por la periodista Carmen Aristegui, en CNN en Español, cuando daba sus impresiones sobre la explicación que Angélica Rivera, Primera Dama del país, hizo sobre el tema de la “Casa Blanca” de su propiedad.

Dresser, que hace pocas semanas estuvo en Querétaro compartiendo una conferencia a estudiantes de la Universidad Anáhuac, se refería a la tibia, o incluso nula reacción de los políticos de oposición ante un escándalo que ha movido a la opinión pública de todo el país, y de hecho del mundo entero.

En Querétaro, el comportamiento de la oposición no es distinto. A pesar de la indignación que han causado los últimos escándalos que involucran a funcionarios del gobierno del estado de Querétaro, limitando la libertad de expresión y amenazando comunicadores, los políticos de bandos contrarios apenas y han movido los brazos para, más por pose que por convencimiento, condenar someramente el actuar del gobierno del estado de Querétaro, que incluso ha podido afectar de manera directa a los propios políticos de oposición.

Ese “pacto de impunidad” del que habla Denise Dresser quedó revelado cuando la semana pasada, los diputados panistas a los que hace referencia Abel Magaña Álvarez, vocero del gobierno estatal, a quien en una grabación telefónica se le escucha pidiéndole a un periodista queretano “tenderles la camita” utilizando videos grabados en una reunión plenaria panista en Cancún, prefirieron guardar silencio.

A pesar de la indignación ciudadana manifestada sobre todo a través de las redes sociales, y con las más de 21 mil visitas que ha tenido el video en Youtube, los diputados Jorge Lomelí Noriega, Germán Borja García, Alejandro Cano Alcalá, Enrique Correa Sada y Alejandro Delgado Oscoy le han sacado la vuelta al tema cuando han sido entrevistados, y la respuesta institucional de su Partido Acción Nacional (PAN) apenas y ha sido escuchada.

El “tapaos los unos a los otros” de Dresser, y que también sirvió de cabeza para la columna de María Amparo Casar del pasado 5 de noviembre en Excelsior, queda expuesto con la actitud de Guillermo Vega Guerrero, coordinador de los diputados panistas en la LVII Legislatura, quien en lugar de aprovechar los foros que se le acercan para mostrarse indignado ante lo que parece ser un ataque concertado entre gobierno y medios en contra de sus compañeros blanquiazules, se muestra dubitativo, incómodo ante los cuestionamientos y, de hecho , prefiere dudar de la veracidad de una grabación que a más de una semana de haber sido expuesta a la opinión pública, no ha sido desmentida por sus protagonistas.

“Es un tema general ese. Estoy seguro que la autoridad está investigando y en su momento harán sus determinaciones”.

Vega Guerrero deja claro que ha tenido reuniones, junto a un grupo de compañeros diputados de su partido, con José Calzada Rovirosa, gobernador del estado de Querétaro, y Jorge López Portillo, secretario de Gobierno, pero no ahonda en los temas y apenas se limita a decir que se trataron asuntos de la agenda política cotidiana de Querétaro, sin darle importancia al contenido de la llamada telefónica, que si bien fue grabada de manera ilegal, revelaría que un diputado de su partido estaría compartiendo material sensible con gobierno del estado para que, junto a medios de comunicación, generen contenidos que afecten la imagen de panistas queretanos.

“Es una grabación que no tenemos certeza de que sea legal ni legitima, estamos haciendo nosotros también nuestras propias investigaciones técnicas para poder ubicar si esa grabación está editada o no”.

“¿Dónde está la oposición de este país?” le preguntó de forma retórica Denise Dresser a Carmen Aristegui, y le habría cuestionado lo mismo de escuchar a Germán Borja García, mencionado en la grabación por quien supuestamente es Abel Magaña, asegurando que para él, la grabación está editada, sin siquiera dar espacio para la duda razonable.

“Yo espero que pronto hayan algunas investigaciones en donde desmientan. Yo digo que ese audio fue editado, no sé, yo no conozco de eso. Yo hasta para grabar en mi iPhone no le sé muy bien, no sé mucho de tecnologías, pero lo que sí es que no debe de ser que se evalúe a un diputado o a cualquier servidor público por su vida personal”.

Otro que lejos de compartir la indignación ciudadana, adoptó una posición conservadora, fue Enrique Correa Sada, quien aseguró no tener comentarios y, de hecho, adelantó que como grupo parlamentario ni siquiera discutirán la posibilidad de que uno de sus integrantes esté filtrando información sensible al gobierno del estado, representado por un partido político contrario al suyo.

“No tengo ninguna opinión, es un video con una grabación que no se cómo fue obtenida, no es información oficial”.

Tampoco Alejandro Cano o Jorge Lomelí han exigido cuentas al gobierno del estado de Querétaro por el contenido de la grabación y solo Alejandro Delgado Oscoy, que de acuerdo a las palabras que supuestamente dice Abel Magaña, debe ser protegido porque es quien está pasando las “copias”, subió el tono de la declaración y exigió a los implicados en la grabación que hagan saber si efectivamente son ellos a quienes se les escucha y se expresaron de la forma que queda manifiesta.

Así, el “pacto de impunidad” que caracteriza a la clase política de este país también es posible verlo en Querétaro. Y es que si los diputados de oposición guardan silencio ante escándalos que les afectan de manera directa a sus personas, ¿qué podría esperarse de todos aquellos asuntos que lastiman a sus representados?