No doy crédito al espionaje político: Braulio Guerra

Braulio Guerra Urbiola, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no da crédito a lo que llamó “espionaje político” en el caso del audio difundido en Youtube, que supuestamente muestra tres llamadas telefónicas en las que funcionarios públicos del gobierno del estado ordenan agredir a un comunicador por tratar el tema de seguridad en su programa de radio.

El diputado de la LVII Legislatura del estado de Querétaro recordó que grabar una llamada telefónica es un delito, por lo que espera que se ahonde para saber quién está llevando a cabo este tipo de prácticas en Querétaro.

“Yo tengo la posición de que se haga una investigación de si existe una identificación real del contenido o no de esta grabación, sin especulación en torno a su veracidad o no, pero lo que también queda en la mesa es el refrendo por parte del grupo parlamentario del PRI de recibir una propuesta integral para que lo que tenga que ver con el periodismo y sus derechos, venga del periodismo hacia la cámara de diputados, y nosotros podamos contribuir en ello“, añadió.

El legislador que promueve la ley para protección de periodistas en el estado de Querétaro aseguró que él no tiene constancia de que en Querétaro el poder público atente contra la libertad de expresión en los medios de comunicación queretanos.

“A mí en lo particular, en lo personal, no me consta el hecho, no podría especular sobre ello, pero sí podemos aportar de manera siempre preventiva y de prospectiva positiva para que los derechos para los que ejercen el periodismo se den a través de leyes invocables ante instituciones que protejan su ejercicio, que hoy no existen“.

La tarde de este jueves, a las 6:00, tendrá lugar una nueva reunión entre el gremio periodístico queretano y legislador priista para discutir el contenido de la ley para la protección de los periodistas en Querétaro. A diferencia de la propuesta iniciar de Guerra Urbiola, los periodistas reclaman disminuir al máximo la participación del gobierno del estado en los protocolos previstos para la protección del ejercicio.